(NOTA: Este artículo fue publicado originalmente en el diario venezolano ULTIMAS NOTICIAS, como parte de la columna semanal del autor, denominada SEGURIDAD POR LA IZQUIERDA)
Pablo Fernández Blanco
Las personas que han sufrido las consecuencias nefastas de delitos graves o de la acción indebida y violenta de agentes del Estado, constituyen, entre muchas otras modalidades, lo que por definición llamamos “víctimas”: seres humanos que sufren un efecto físico, sicológico, moral, producto de la violencia que le propinan diversos actores y que, por tal condición, requieren una atención especial, integral y oportuna de parte de las instituciones que tienen por función recibir y procesar sus denuncias.
A pesar del andamiaje legal existente en nuestro país, la institucionalidad creada para atender a víctimas de violencia grave intencional es limitada en sus alcances y muchas veces en la calidad del servicio que prestan. Los intentos de revertir esa situación no han sido pocos. El constituyente en 1999 lo planteó en el artículo 30 constitucional. El Presidente Hugo Chávez al crear la Gran Misión a Toda Vida Venezuela en 2012 le dio peso específico al tema de la atención a las víctimas en el vértice Nro. 5 de la Gran Misión; y ratificó el mandato con el Plan de la Patria (hoy ley de la República). El Presidente Maduro, en el recientemente aprobado Plan Nacional de Derechos Humanos vuelve a exigir que se avance en la creación de una instancia de carácter nacional para la atención a las víctimas de la violencia.
No ha faltado como se ve basamento legal y normativo para construir un sistema que aborde esta dimensión imprescindible para la garantía de los derechos humanos. Pero siendo profundamente autocríticos debemos asumir que lo hecho es aún terriblemente insuficiente; hay que desperezar voluntades políticas en algunas instituciones y autoridades. Se requiere tocar la fibra de la conciencia ética para que se termine de entender que atender a la víctima de la violencia no es “un favor” sino una obligación irrenunciable de todo aquel que se considere servidor público.
