(NOTA: Este artículo fue publicado originalmente en el diario venezolano ULTIMAS NOTICIAS, como parte de la columna semanal del autor, denominada SEGURIDAD POR LA IZQUIERDA)
Pablo Fernández Blanco
Desde una concepción reaccionaria, como la que ha privado por décadas en el continente para los temas de seguridad, las policías han sido la principal herramienta institucional de los sistemas de seguridad pública para afrontar los conflictos producidos por los sectores populares, mediante su vigilancia y disciplinamiento social. Ese disciplinamiento ha incluido acciones que van desde la vigilancia y las intervenciones compulsivas sobre zonas populares estigmatizadas como peligrosas, hasta la represión indiscriminada, la persecución, la amenaza y la ejecución o desaparición de personas pertenecientes a esos sectores marginados.
Siguiendo en la línea que plantean autores como Marcelo Saín, la policía es un instrumento de descriminalización e impunidad fáctica en tanto puede dejar fuera de sus actividades un amplio espectro de delitos y delincuentes que van desde los delitos corporativos y de “cuello blanco” hasta los hechos de corrupción llevados a cabo por las autoridades o bajo su protección.
La policía como institución es “eficiente” en el control del delito mediante su regulación ilegal, es decir, mediante acciones para proteger ciertas actividades delictivas muy rentables, en especial las relacionadas con los mercados ilegales de drogas, de armas, de personas para su explotación sexual y laboral, de mercancías robadas o contrabandeadas, de autopartes de vehículos robados, entre otras. De este modo la institución policial se ha “autofinanciado” por medio de la apropiación de una parte de la renta generada por ese conjunto de actividades criminales protegidas, afrontando así, por ejemplo, la insuficiencia presupuestaria que en general padecen las instituciones policiales.
Visto este complejo escenario, las reformas policiales han de diseñarse de acuerdo con el diagnóstico de la sociedad en la que se vayan a hacer, tomando en consideración los orígenes, la naturaleza y las características de sus estructuras de seguridad y justicia, trabajando en cuatro frentes fundamentales:
1. Los programas de reforma deben contar con objetivos claros, voluntad política externa (en los decisores) y compromiso dentro de la institución policial; planeación integral de la reforma, que trascienda coyunturas; generación de condiciones políticas para la misma (liderazgo político y técnico, estrategia de poder que busque generar las condiciones y alianzas que hagan viables los cambios deseados) y una ruptura con la lógica del “doble pacto”, que genera connivencia entre actores políticos y cuerpos policiales, por una parte, y entre cuerpos policiales y grupos delictivos por otra.
2. Diseñar y poner en ejecución un modelo policial preventivo implementado mediante la creación del servicio de policía comunal, a cargo de tareas policiales de prevención de la violencia y el delito, facilitando la resolución de conflictos; y con atención especial para la niñez, adolescencia y juventud en riesgo y en conflicto con la ley.
3. Diseñar y poner en ejecución un modelo policial especializado en investigación criminal, que garantice su eficiencia mediante la articulación de instituciones y procesos, a fin de fortalecer la búsqueda de pruebas científicas y colaborar con la administración de justicia y el sistema carcelario, además de apoyar el combate al crimen organizado, la narcoactividad y la delincuencia común, lo que exigirá la existencia de unidades específicas de investigación y de servicios de inteligencia criminal.
4. Diseñar, formar, entrenar y poner en ejecución fuerzas policiales especiales capaces de combatir la narcoactividad y el crimen organizado, garantizando su estricta sujeción a la ley, al respeto a los derechos humanos, al Estado de derecho y a las autoridades legítimamente establecidas.
