(NOTA: Este artículo fue publicado originalmente en el diario venezolano ÚLTIMAS NOTICIAS, como parte de la columna semanal del autor, denominada SEGURIDAD POR LA IZQUIERDA)

Pablo Fernández Blanco
Continuando con el diagnóstico de las razones que dieron origen a los procesos de reformas policiales en América Latina y el Caribe, es importante decir que históricamente la estructura funcional de casi todos esos cuerpos policiales ha sido muy centralizada, jerarquizada y en gran medida militarizada, lo que la ha sobrecargado de funciones y tareas administrativas, ha dificultado la comunicación entre los mandos y la base, y la ha hecho muy burocratizada e ineficiente.
Los cuerpos policiales de la región suelen tener fallas en la selección y formación de su personal, en especial en las áreas de investigación, inteligencia y lucha contra el crimen organizado transnacional. Muchas no cuentan con una verdadera carrera policial ni profesionalización de la institución. No tienen personal suficiente ni recursos financieros y tecnológicos para cumplir adecuadamente con sus funciones; Tienen sueldos bajos y precarias condiciones de trabajo. En general no existen regímenes disciplinarios suficientemente claros ni mecanismos eficientes y transparentes de control, rendición de cuentas y acceso a la información. A esto se suma que la coordinación entre las instituciones policiales y demás componentes del sistema de administración de justicia no es siempre la mejor. Muchas policías no suelen contar con mecanismos de recolección y análisis de información ni con instrumentos de gestión y evaluación, indispensables para la toma de decisiones eficientes.
Una tentación de ciertos políticos fue recurrir a la implementación de modelos que supuestamente “han funcionado bien” en otros lugares (Por ejemplo: el plan Bratton o las experiencias del alcalde Giulianni, ambas en EEUU), aplicados sin tener en cuenta las particularidades de los contextos específicos, lo cual generó fallidos intentos de copiar modelos inadecuados y la respectiva erogación inútil de recursos del Estado.
Ante este escenario tan crudo, surgieron en la región diversas visiones y modelos de reforma policial. Las más extendidas fueron las siguientes:
La visión incremental: Considera que la reforma policial consiste en el aumento de los recursos humanos, operacionales y de infraestructura de la institución tal cual está, sin cambios en la organización y en el trabajo policial.
La Visión normativa: Centra y agota la reforma policial en la reformulación de las leyes y normas que regulan la seguridad pública y, particularmente, las que establecen la organización y el funcionamiento de la institución con la ilusión ingenua de que esos cambios desencadenarán, per se, el proceso de reestructuración
La visión organizacional: restringe la reforma al rediseño institucional y cambio organizativo de aspectos formales, en particular, los referidos a dos cuestiones básicas:
1) Redefinición de las bases curriculares y los sistemas pedagógicos de las escuelas policiales que imparten la formación inicial a los aspirantes, con la esperanza de sentar así las bases de una nueva cultura institucional que permita superar los recurrentes abusos de poder de numerosos policías mediante actos de corrupción o el uso excesivo o ilegal de la fuerza; y
2) La perspectiva descentralizada, que la circunscribe al traspaso de unidades y personal a los gobiernos locales sin un proceso de reconversión funcional tendiente a conformar unidades y prácticas policiales adecuadas a dicha descentralización y al policiamiento local.
Finalmente, la visión comunitarista: Posiciona y proyecta la participación ciudadana en asuntos locales de seguridad y, particularmente, en el control del desempeño policial, como una instancia que puede llevar a cambios institucionales y a prácticas policiales más eficientes y ajustadas a la legalidad.