(NOTA: Este artículo fue publicado originalmente en el diario venezolano ÚLTIMAS NOTICIAS, como parte de la columna semanal del autor, denominada SEGURIDAD POR LA IZQUIERDA)

Pablo Fernández Blanco
En palabras del investigador argentino Marcelo Saín, “La reforma policial constituye un proceso institucional tendiente a reestructurar con eficacia y eficiencia las instituciones policiales en los órdenes doctrinario, orgánico y funcional, a los fines de conformar nuevas policías estrictamente ajustadas al principio democrático de protección ciudadana ante agresiones, violencias y delitos lesivos de los derechos y las libertades de las personas. La inmensa mayoría de las policías de América Latina, lejos de conformar instituciones funcionales a este ideario democrático, están atravesadas por defectos y fallas institucionales graves derivados de sus anacronismos y deficiencias organizacionales, lo que las convierte en agencias deficientes en el cumplimiento de la única función que justifica modernamente su existencia, esto es, el control del delito”.
Este planteamiento encuentra asidero en la experiencia latinoamericana histórica y ha llevado a muchos países de la región, entre ellos Venezuela, a intentar modificar ese estado de cosas en el ámbito policial. Es preciso recordar que América Latina y el Caribe están marcados fuertemente por la violencia y la criminalidad desde finales de los años 80 e inicios de los 90. La criminalidad estaba posicionada como principal problema urbano, luego de la violencia política, en los años ochenta. Formamos parte de una región altamente urbanizada (75% de la población vivía ya en ciudades en el año 2000) donde las ciudades crecen de manera segregada, en algunos casos se privatiza extensivamente la seguridad y aumenta la percepción de impunidad frente al delito.
En los 90, se “policializó” el complejo tema de la seguridad ciudadana, desconociendo que violencia, criminalidad y temor no pueden abordarse sólo desde la perspectiva policial. Se confundió la idea de “conflicto” con la de “violencia”; y esta a su vez con la de criminalidad, dificultando un abordaje más preventivo de las situaciones de raíz social que afectan la sana convivencia. Con la aparición de fenómenos como el narcotráfico, el secuestro express, el crecimiento de las bandas juveniles, el sicariato, todo el escenario se complejizó aún más, poniendo a la región a la vanguardia de los indicadores de violencia en el mundo. Los medios de comunicación lamentablemente han contribuido decididamente a la promoción de esas formas de segregación, criminalización y modelaje de la violencia. En ese marco emerge la denominada “sensación de inseguridad” como problema público.
Al temor ciudadano frente a la inseguridad se sumó la desconfianza con respecto a las policías. Ya en el año 1996, la Encuesta Latinobarómetro indicaba que dos tercios de la población latinoamericana señalaban tener poca o ninguna confianza en las policías. Para aquel momento, las del Cono Sur eran las que gozaban de mayor confianza en América Latina; mientras que las de Venezuela, Bolivia, México, Guatemala y Paraguay fueron las peor evaluadas.
Ha sido una variable importante para entender la situación policial en la región el hecho que las policías latinoamericanas responden no tanto a las necesidades de la ciudadanía como a las demandas de los gobiernos de turno o de las elites locales o nacionales. La mayoría de ellas tienen una débil cultura democrática y no logran los resultados que se esperan de ellas. Muchas siguen teniendo fuertes problemas de corrupción o recurren a prácticas represivas y violaciones de los derechos humanos. Las policías latinoamericanas y caribeñas siguen teniendo profundos problemas a los ojos de la ciudadanía, entre ellos, la corrupción, la falta de personal idóneo, la mala y poca capacitación y la escasez de recursos.