(NOTA: Este artículo fue publicado originalmente en el diario venezolano ÚLTIMAS NOTICIAS, como parte de la columna semanal del autor, denominada SEGURIDAD POR LA IZQUIERDA)
Pablo Fernández Blanco
Enfrentar fenómenos como el que hemos venido analizando de los linchamientos, nos obliga también a revisar el rol de las instituciones estatales, una a una, para atender desde el origen los factores que motivan esta perversa actuación colectiva de la sociedad cuando reacciona con violencia criminal ante otras formas de violencia criminal.
En el caso de uno de esos organismos claves, los cuerpos policiales, hemos insistido innumerables veces en la importancia de cualificar su labor preventiva y también, cuando las condiciones lo exigen, la de control con uso de fuerza (ambas legítimas y necesarias cuando están apegadas a derecho y enmarcadas en la garantía de DDHH y del uso proporcional y diferenciado de dicha fuerza).
En relación a los linchamientos, de más está decir que la responsabilidad de todo servidor o servidora pública policial es evitar que este tipo de situaciones se concreten, controlar el sitio del suceso, solicitar los refuerzos requeridos en caso de ser necesario y garantizar la integridad del presunto delincuente, mientras se procede con su respectiva detención y luego de la misma. La acción u omisión policial que facilitare el linchamiento constituiría una vulneración grave de los principios básicos de actuación policial.
Una actuación apegada al respeto de los derechos humanos (como premisas éticas generales) y al uso progresivo y diferenciado de la fuerza (como criterios técnicos-procedimentales particulares) es imprescindible. De allí el título que ha acompañado esta serie: actuar con más inteligencia y minimizar violencia. Actuación donde el funcionario policial operativiza su acción a partir de los elementos que le aportan la inteligencia policial, la inteligencia estratégica y la inteligencia social, con base en una planificación táctica para lograr neutralizar la acción delictiva con efectividad.
