(NOTA: Este artículo fue publicado originalmente en el diario venezolano ÚLTIMAS NOTICIAS, como parte de la columna semanal del autor, denominada SEGURIDAD POR LA IZQUIERDA)

Pablo Fernández Blanco

A todas luces, el delito que implica el linchamiento debe generar un necesario cuestionamiento y revisión autocrítica en los organismos que integran el sistema de administración de justicia, pero en la sociedad misma también y en un sector especial de ella: los medios de comunicación. El linchamiento y su difusión conforman una interpelación ética que no admite excusas y llama a la reflexión y la acción.
En un amplio estudio que me permito citar, del profesor argentino Carlos Vilas (“Linchamientos en América Latina: Hipótesis de Explicación”), afirma que es posible que la difusión amplia de los linchamientos a través de los medios de comunicación contribuya a la comisión de nuevos hechos. No está probado que la publicidad de los hechos estimule a la gente a linchar; sin embargo el sensacionalismo y el lujo de detalles escabrosos con que estas acciones son comunicadas al público a través de las pantallas de la televisión, la transmisión radiofónica, las redes sociales, los reportajes en directo, contribuyen de alguna forma a generar un impacto mimético que reduce la distancia que media entre la pretendida excepcionalidad del acto y las circunstancias de vida de los espectadores.
Este efecto de demostración mediática podría favorecer el surgimiento de algo como linchamientos por imitación: grupos de personas que a partir de la evidencia proveniente de otros hechos, deciden superar las reticencias éticas, sicológicas, religiosas, cívicas o de cualquier otra índole y convertirse ellos también en linchadores. Ejemplos estudiados en Ecuador y Guatemala así lo atestiguan.
De allí que resulte absolutamente pertinente el llamado formulado semanas atrás por el Defensor del Pueblo de Venezuela, exhortando a no generar una “apología del delito” con la difusión mediática de estos deleznables hechos de violencia.